El equipo de voluntarios de la Fundación de Ingenieros del ICAI ha realizado un análisis del marco institucional y legal de Perú y proporcionado recomendaciones para alcanzar el acceso universal a energía eléctrica para 2030.
A lo largo del año 2024 el grupo de voluntarios de la Fundación colaboró en la elaboración de un informe de consultoría para el Gobierno de Perú, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en colaboración con Waya Energy, empresa formada por el Universal Energy Access Lab MIT-IIT Comillas.
El acceso a la electricidad tiene un papel fundamental en permitir el desarrollo económico, el empleo local y la mejora del bienestar de la población.
Perú ha alcanzado un alto grado de electrificación entre su población gracias a sus esfuerzos en los últimos años. Sin embargo, aún siguen existiendo bolsas de población significativas en las que el acceso a la energía eléctrica es inexistente o muy precario, concentrándose, como es habitual en muchos países de América Latina, en las zonas rurales y más remotas.
El censo del año 2017, el último censo de población y vivienda a nivel nacional, presentó los siguientes resultados: a nivel nacional 87,9%, urbano 93,6% y rural 65,3%. Al finalizar el año 2022, la cobertura rural estimada, de acuerdo con el avance y culminación de los proyectos de electrificación rural, alcanzó el valor de 84,5%.
Una razón clave para explicar la falta crónica de acceso a energía eléctrica en dichas zonas es la no rentabilidad desde un punto de vista privado en proporcionar dicho servicio básico. Esto lleva a la necesidad del Estado a actuar como garante último de dichos derechos y promotor del desarrollo económico y el bienestar social.
El desarrollo económico que permitirá reducir la brecha entre las zonas no electrificadas y el resto de la población del país, y la recuperación de la crisis del Covid-19 en las áreas más desfavorecidas, solo tendrá lugar con un suministro eléctrico asequible y confiable para todos.
La Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Perú (GdP) actualizó su Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) en junio de 2023, tanto en su componente de mediano plazo (2024-2026) como de largo plazo (2024-2033), recogiendo la relación de inversiones previstas con el objetivo de incrementar los niveles de electrificación en dichas regiones.
Este documento es la clave de bóveda sobre la que debe descansar la estrategia de electrificación nacional en el Perú y servir de brújula a todos los actores involucrados en el esfuerzo de proporcionar acceso a la energía eléctrica a todos los ciudadanos.
La consultoría ha analizado la situación de acceso eléctrico en Perú, especialmente en la identificación de las barreras para el acceso universal desde los aspectos institucionales, del marco legal y regulatorio y de modelos de electrificación.
Respecto a éstos últimos se han considerado los tres modos de electrificación: extensión de red (ER), minirredes (MR) y sistemas fotovoltaicos aislados (SFA), dentro y fuera de las zonas concesionadas a las empresas distribuidoras. También se ha analizado el estado de los subsidios eléctricos actuales en su rol de facilitar el acceso universal.
Los aspectos que se han considerado son:
- El marco legal e institucional para llevar a cabo la electrificación universal
- la planificación integrada del acceso universal,
- la asignación de responsabilidades,
- los mecanismos de subsidio y apoyo a la extensión de la electrificación,
- y los modelos de negocio o de suministro para extensión de redes, minirredes y sistemas fotovoltaicos aislados.
En base a todo lo anterior se han propuesto recomendaciones para acometer los siguientes pasos hacia el acceso universal en Perú.
Todo ello se debe enmarcar en los cuatro principios básicos de la electrificación:
- acceso universal,
- integración de los tres modos de electrificación,
- viabilidad económica del modelo y
- enfoque al desarrollo económico y social.
Estas son las principales recomendaciones:
Plan Nacional de Acceso Universal a la Electricidad
La primera recomendación fue la necesidad de transformar El Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) en un auténtico Plan Nacional de Acceso Universal a la Electricidad (PNAU) que sea la referencia actualizada de electrificación universal al 2030 con la identificación georreferenciada de cada demanda no servida, una planificación de los proyectos y actuaciones para satisfacer dichas demandas, los responsables de los proyectos y la fecha de terminación de los mismos.
Asignación de responsabilidades
Dentro del GdP, son el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) y la DGER las instituciones deben impulsar el proceso nacional de electrificación universal. Su coordinación con las demás ramas del gobierno así como con el sector privado, las empresas distribuidoras públicas, las fundaciones y las comunidades locales es esencial para delimitar los roles, responsabilidades y evitar duplicidades.
Conseguir el acceso universal en el 2030 requiere un esfuerzo de electrificación muy superior al llevado a cabo en los pasados años. Para ello, todas las organizaciones implicadas deben reforzar sus estructuras y recursos.
Se propone que la DGER, como entidad rectora de la electrificación rural, desarrolle sus capacidades de dirección, control, financiación y planificación, en detrimento de la ejecución de proyectos, que debería ser asumida por las empresas de distribución eléctrica (EDES) para densificación y extensión de redes y por entidades privadas especializadas para sistemas aislados (MR y SFA).
Modelos de suministro
Mediante el uso del programa REM (Rural Electrification Model), Waya Energy ha realizado una propuesta georeferenciada de electrificación de todos aquellos puntos de consumo que se han identificado a través de bases de datos e imágenes satelitales. Dicha propuesta tiene en cuenta restricciones tanto geográficas (montañas, ríos, parques naturales) como la infraestructura existente y llega a una solución óptima que combina los tres modelos de suministro existentes (extensión de redes, minirredes y SFAs).
Plan de financiamiento
El Plan de Financiamiento considera el plan de inversiones en nueva electrificación hasta 2030, y la necesidad de actualizar y reforzar el suministro conforme aumentan la demanda y el número de usuarios hasta 2030, y muestra cómo puede alcanzarse una sostenibilidad en el medio plazo gracias a las distintas fuentes de ingreso disponibles como la propia tarifa eléctrica aplicable a los nuevos usuarios.
Las nuevas inversiones en la red se desplegarán por valor de 1.500 millones de dólares durante el periodo 2024-2030, en el que habrá una combinación óptima y mínimo coste entre extensión de la red, densificación, mini-redes y sistemas autónomos para lograr la cobertura total de la población al final del periodo.
Este enorme impulso de electrificación liderado con urgencia por el MINEM y la DGER permitirá llegar al 100% de la población con una solución adecuada en 2030, cumpliendo así con la meta 7.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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